Crisis del aceite de girasol
Hoy concluye la crisis sanitaria en torno al aceite de girasol contaminado, procedente de Ucrania, que se ha distribuido en días pasados por toda la geografía española.
Según el Ministerio de Sanidad y Consumo, el control sobre el producto ha estado a la altura de las circunstancias, garantizándose en todo momento la protección de la salud de los consumidores. Sin embargo, se ciernen sobre esta crisis distintas dudas sobre su gestión y desarrollo.
En primer lugar, por qué no se han intervenido en los controles de aduanas las partidas de aceite procedentes de Ucrania, cuando Francia alertó sobre su contaminación hace varios días.
En segundo lugar, por qué el Ministerio de Sanidad desaconseja el consumo de este aceite mientras simultáneamente afirma que no supone un riesgo para la salud, dirigiéndose a la opinión pública utilizando conceptos como “toxicidad aguda“, “toxicidad crónica” y “riesgo epidemiológico“, sin explicar a qué se refieren y con pocos datos que aportar, lo cual, evidentemente tranquiliza poco a los ciudadanos.
Por último, por qué las autoridades de nuestro país permiten las importaciones de productos alimenticios que incumplen o vulneran las normas de seguridad alimentaria de la Unión Europea y, sin embargo, obligan a los productores españoles a cumplir al pie de la letra dicha legislación, cuando resulta que el 71% de las importaciones de aceite de girasol proceden de Ucrania; o sea, 144.523 toneladas.
Por otro lado, a pesar de que las grandes superficies comerciales y muchos establecimientos de barrio retiraron el aceite, parece verosímil pensar que en numerosos hogares, tiendas pequeñas, bares, etc., se ha seguido usando este aceite, con lo cual, podemos hablar de una parte de los consumidores susceptibles de sufrir problemas de salud como consecuencia de su consumo.
Opinamos que en estos casos es preferible atajar el problema de raíz, evitando en la medida de lo posible la distribución de alimentos en malas condiciones, aunque sólo sean merecedores de sospecha y finalmente se demuestre su total seguridad para la salud humana. En caso contrario, siempre cabe pensar en que las autoridades responsables barajan criterios económicos para gestionar estas crisis, y no sólo medidas de salud pública.



























